El clúster advierte de que el gravamen añade costes e incertidumbre sin vincular la cuota a la producción ni a la reducción del impacto ambiental.
El Clúster de Energías Renovables y Soluciones Energéticas en Castilla y León (CYLSOLAR) rechaza el nuevo gravamen a las instalaciones fotovoltaicas incorporado al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas mediante la modificación del Impuesto sobre la Afección Medioambiental. La entidad advierte de que la medida debilita las condiciones de competitividad de las empresas del sector y puede desincentivar la innovación y nuevas inversiones.
La fotovoltaica es un sector tecnológico en constante evolución. Sus empresas desarrollan soluciones para mejorar la eficiencia de las instalaciones e integrar nuevas tecnologías. La agrovoltaica y las comunidades energéticas son algunos ejemplos de esa capacidad innovadora, junto con los proyectos de autoconsumo empresarial y agrario.
«La competitividad de nuestras empresas requiere un marco regulatorio previsible. Este nuevo gravamen incorpora costes e incertidumbre y puede reducir los recursos disponibles para mejorar las instalaciones y abordar nuevos proyectos», afirma Carlos Izquierdo, presidente de CYLSOLAR.
El proyecto fija la base imponible según la superficie vallada o delimitada de la instalación, sin vincular directamente la cuota a la potencia, la energía producida o el impacto ambiental acreditado. Además, incluye instalaciones ya construidas, por lo que introduce una nueva obligación económica en proyectos concebidos con otras previsiones de costes. Para CYLSOLAR, esto añade incertidumbre a la planificación empresarial.
La Junta ha presentado la medida como dirigida a multinacionales y grandes fondos y orientada a favorecer el retorno económico en los municipios. Sin embargo, el proyecto delimita la aplicación del gravamen por la superficie de las instalaciones, no por el tamaño de la empresa titular. Por ello, CYLSOLAR advierte de que su alcance no queda necesariamente limitado a esos grandes promotores.
El texto contempla exenciones para determinados autoconsumos, pero condiciona la exención con cumplir unas condiciones únicamente en un horario determinado. En consecuencia, no todos los proyectos destinados al autoconsumo quedan automáticamente exentos.
CYLSOLAR considera que la protección ambiental debe apoyarse en la evaluación, prevención, corrección y vigilancia de los impactos, así como en la innovación tecnológica. Aunque el proyecto prevé destinar los ingresos a programas ambientales y de eficiencia energética, la cuota individual se calcula por superficie y no en función de la reducción de impactos que logre cada instalación.
«Si el objetivo es reducir el impacto ambiental, la regulación debe promover medidas eficaces para prevenirlo y corregirlo. Estamos dispuestos a trabajar con la Administración y con las entidades afectadas para encontrar soluciones que protejan el entorno y, al mismo tiempo, impulsen la innovación y la actividad económica de Castilla y León», señala Carlos Izquierdo.
CYLSOLAR solicita retirar el nuevo gravamen y ofrece su colaboración a la Junta de Castilla y León, a los grupos parlamentarios y a los agentes afectados para analizar alternativas compatibles con la protección ambiental y la competitividad empresarial.